Gonzalo Sánchez de Lozada

Gonzalo Sánchez de Lozada, un influyente empresario industrial, heredó el liderazgo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro, mostrando un compromiso firme con la modernización económica de Bolivia. Su enfoque liberal se reflejó en reformas y privatizaciones durante sus dos presidencias interrumpidas. En su primer mandato (1993-1997), implementó reformas estructurales y privatizó empresas estatales, buscando redistribuir los beneficios en la sociedad. Sin embargo, su segundo mandato en 2002 se vio empañado por la "guerra del gas", que terminó con su renuncia y huida a Estados Unidos en 2003, siendo procesado por "genocidio" en 2005 por la justicia boliviana.

Nacimiento: 1 de julio de 1930 (edad 93 años), La Paz
Primer Mandato: 6 de agosto de 1993 – 6 de agosto de 1997
Segundo Mandato: 6 de agosto de 2002 – 17 de octubre de 2003
Partido: Movimiento Nacionalista Revolucionario
Hijas: Alejandra Sánchez de Lozada
Educación: Universidad de Chicago, Scattergood Friends School
Cónyuge: Ximena Iturralde

Orígenes y Ascenso Político

Gonzalo Sánchez de Lozada, parte de una prominente familia boliviana vinculada al MNR, pasó gran parte de su vida en Estados Unidos antes de regresar a Bolivia en 1951. Durante su estancia en EE. UU., se educó en ciudades como Washington y Boston, obteniendo una licenciatura en Filosofía y Literatura Inglesa en la Universidad de Chicago. Su llegada coincidió con el levantamiento revolucionario de 1952 liderado por el MNR. Se destacó como empresario, fundando empresas como Telecine y la Compañía Minera del Sur.

En 1979, dejó temporalmente su presidencia en Comsur para incursionar en la política como miembro del MNR. Fue elegido como diputado en un período marcado por la transición democrática y la lucha contra los gobiernos militares. En 1982, tras la restauración de la democracia, asumió roles políticos más prominentes.

Implementador de Reformas Económicas

Nombrado ministro de Planeamiento y Coordinación en 1986, Sánchez lideró la implementación de la Nueva Política Económica (NPE) bajo la presidencia de Paz Estenssoro. Esta política buscaba estabilizar la economía boliviana y abrir el país al libre mercado. El Decreto Supremo 21060, implementado por Sánchez, logró detener la hiperinflación y estabilizar la moneda. Sin embargo, las medidas también provocaron un aumento del desempleo y la pobreza.

Carrera Política y Obstáculos

Después de su paso por el gobierno, Sánchez buscó la presidencia en 1989 y 1993. En 1989, aunque obtuvo la mayoría de los votos, la elección se decidió en el Congreso, donde perdió frente a Jaime Paz Zamora. En 1993, finalmente ganó las elecciones presidenciales y asumió la presidencia con el respaldo del Congreso.

A lo largo de su carrera política, Sánchez enfrentó críticas por su origen empresarial y su manejo de la economía. Su segundo mandato estuvo marcado por la "guerra del gas" y su posterior renuncia y exilio. En 2005, fue procesado por "genocidio" en Bolivia.

Reformas y Desafíos en la Presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada

Gonzalo Sánchez de Lozada asumió la Presidencia de Bolivia el 6 de agosto de 1993, respaldado por una coalición multipartidista y con un enfoque reformista que abarcaba diversos aspectos de la sociedad boliviana. Su primer mandato estuvo marcado por una serie de reformas estructurales que generaron tanto apoyo como fuerte oposición dentro del país.

Reformas Económicas y de Privatización

Una de las piedras angulares de la presidencia de Sánchez de Lozada fue su enfoque económico liberal, que buscaba integrar a Bolivia en la economía global y regional. Su gobierno implementó medidas de privatización y apertura de empresas estatales al capital extranjero, con la Ley de Capitalización de 1994 como un hito significativo. Esta ley permitió la venta del 50% de los activos estatales a compradores privados y la transferencia gratuita del otro 50% a los ciudadanos, con el objetivo de financiar las pensiones de jubilación.

Las empresas estatales afectadas por estas reformas incluyeron la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre otras. Estas privatizaciones provocaron miles de despidos y generaron críticas por parte de sectores nacionalistas e izquierdistas, que acusaron al gobierno de "vender la patria".

Desafíos en el Sector Minero y la Agricultura

La reforma en el sector minero también fue controvertida. La privatización y reestructuración del Comibol provocaron protestas, especialmente entre los mineros despedidos, muchos de los cuales recurrieron a la producción de coca como medio de subsistencia. La política antidrogas de Sánchez de Lozada enfrentó desafíos significativos, especialmente en las regiones cocaleras de Chapare, donde líderes como Evo Morales se opusieron a las políticas de erradicación de cocales.

Desafíos Sociales y Políticos

El gobierno de Sánchez de Lozada enfrentó una fuerte oposición de varios sectores de la sociedad boliviana. La Central Obrera Boliviana (COB) lideró protestas y huelgas en respuesta a las reformas laborales y económicas. Además, hubo críticas hacia la corrupción en la clase política y la falta de inclusión social en las políticas gubernamentales.

Política Exterior y Regionalismo

En el ámbito internacional, Sánchez de Lozada buscó integrar a Bolivia en la comunidad internacional, promoviendo acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, Chile y México. Participó activamente en organizaciones regionales como la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), buscando fortalecer los lazos económicos y políticos de Bolivia en América Latina.

Elecciones y Continuidad Política

Después de su primer mandato, Sánchez de Lozada se presentó nuevamente como candidato presidencial en 2002. Su campaña se centró en propuestas económicas y sociales para enfrentar la crisis que atravesaba Bolivia. Aunque ganó las elecciones, su gobierno enfrentó desafíos persistentes, incluida la oposición de grupos indígenas y sindicales.

Segunda Presidencia: La Controversia del Gas como Espoleta del Estallido Social

Durante la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, se desencadenó una serie de eventos que marcaron un período de intensa agitación social en Bolivia. Además de las amenazas del Movimiento al Socialismo (MAS) de desencadenar violentas manifestaciones callejeras si el nuevo Gobierno persistía en la erradicación de los cocales ilegales, también se vislumbraban tensiones internas debido a las difíciles relaciones entre Sánchez y Paz Zamora. Estas diferencias debían ser aparcadas para evitar dar una imagen de debilidad gubernamental que pudiera estimular las protestas sociales, tal como se temía.

Desde el principio, el Gobierno mostró un espíritu de consenso al votar la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política del Estado, que incluía la figura del referéndum constitucional en lugar de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta medida fue reclamada por colectivos indígenas, pero su implementación buscaba mantener la estabilidad política.

En diciembre, Sánchez participó en la XXIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, donde se adoptaron acuerdos económicos importantes. Sin embargo, la incertidumbre persistía en torno a la exportación de gas tarijeño y su ruta de salida, que podría pasar por un puerto chileno, lo que generaba controversia en la opinión pública boliviana.

La cuestión de la exportación de gas se convirtió en un detonante para los sentimientos de agravio y hartazgo que se acumulaban en la sociedad boliviana. Además, el Gobierno buscaba aumentar la presión tributaria a los asalariados como parte de un proyecto para recortar el déficit fiscal y cumplir con las obligaciones financieras ante el FMI.

Estos intentos del Gobierno de aumentar la presión tributaria generaron una ola de protestas y disturbios en todo el país, con manifestaciones masivas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La situación llegó a su punto crítico cuando las protestas se dirigieron hacia el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo nacional, y Sánchez tuvo que ser evacuado para garantizar su seguridad.

La respuesta del Gobierno, que incluyó el uso del Ejército para contener las protestas, exacerbó aún más la situación y provocó una escalada de violencia. La Confederación de Trabajadores de Bolivia (COB) y el Estado Mayor del Pueblo dirigido por Evo Morales convocaron huelgas generales y manifestaciones que paralizaron el país.

La violencia resultante dejó un saldo trágico, con muertes y heridos en ambos lados. Las protestas y disturbios continuaron, alimentados por el descontento popular y la falta de respuesta satisfactoria por parte del Gobierno.

Ante la creciente presión y el deterioro de la situación, Sánchez se vio obligado a reconsiderar sus políticas y anunció la retirada del paquete fiscal. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para calmar la ira popular y las demandas de renuncia del presidente se intensificaron.

En medio de la crisis, se desató una crisis política y social sin precedentes, con diferentes sectores de la sociedad boliviana exigiendo cambios significativos en el gobierno y las políticas gubernamentales.

Finalmente, el 13 de octubre, Sánchez anunció su renuncia y abandonó el país, dejando el cargo en manos del vicepresidente Carlos Mesa. Esta renuncia marcó el fin de una era y el comienzo de un período de incertidumbre política en Bolivia.

En resumen, la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada estuvo marcada por la controversia y el conflicto, especialmente en torno a la cuestión de la exportación de gas y las políticas económicas del gobierno. La incapacidad del gobierno para abordar las preocupaciones y demandas de la población llevó a una crisis política y social que culminó con la renuncia del presidente y la llegada de un nuevo liderazgo al poder.

Procesamiento judicial en ausencia de Gonzalo Sánchez de Lozada

Tras su forzado retiro y exilio en Estados Unidos, Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia, concedió entrevistas a medios locales e internacionales, expresando su conmoción y vergüenza por lo sucedido. Manifestó su preocupación por el futuro de Bolivia, especialmente ante la creciente influencia de los cocaleros, sindicatos campesinos y grupos de izquierda. Sánchez de Lozada acusó a estos sectores de no aceptar su victoria electoral en 2002 y de haber buscado su destitución desde el principio. Criticó también a la Administración de George W. Bush por no brindarle suficiente ayuda económica. Expresó temores por su seguridad y la de su familia, afirmando que permanecer en Estados Unidos era necesario para evitar posibles atentados.

En Bolivia, Evo Morales, respaldado por su posición como diputado y líder popular, presionó a la Fiscalía General para que acusara a Sánchez de Lozada de "genocidio" por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. La Fiscalía aceptó la apertura de un proceso contra el expresidente, dejando la decisión final al Congreso Nacional. Sin embargo, el Congreso diluyó la responsabilidad personal de Sánchez, optando por solicitar la intervención de organismos internacionales en la investigación de los acontecimientos de octubre.

En octubre de 2004, el Congreso autorizó a la Corte Suprema para iniciar un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y otros miembros de su antiguo Gabinete, acusándolos de violar derechos individuales. Esta autorización marcó un hito en la política boliviana, siendo el segundo proceso de este tipo después del seguido contra el ex dictador García Meza. La Corte Suprema ordenó iniciar un juicio oral y público contra Sánchez de Lozada y sus ministros por los eventos de octubre de 2003, donde murieron decenas de personas.

En febrero de 2005, la Fiscalía formalizó cargos de genocidio contra Sánchez de Lozada y otros funcionarios por las muertes ocurridas durante las protestas de 2003. Posteriormente, se presentaron acusaciones adicionales relacionadas con contratos petroleros y otros delitos económicos cometidos durante su mandato. En marzo de 2006, la Fiscalía solicitó enjuiciar a Sánchez de Lozada por incumplimiento de deberes y conducta lesiva al Estado en la firma de contratos con empresas petroleras.

Con la llegada al poder de Evo Morales en diciembre de 2005, se intensificaron los esfuerzos para procesar a Sánchez de Lozada y a otros exfuncionarios. En diciembre de 2006, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema declarar a Sánchez de Lozada en rebeldía por su negativa a enfrentar los cargos en Bolivia. A pesar de las órdenes de comparecencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a notificar a Sánchez de Lozada de las demandas bolivianas.

En enero de 2007, la Corte Suprema declaró a Sánchez de Lozada en rebeldía junto con sus ex ministros, anulando la posibilidad de prescripción de los delitos imputados. Se emitió una orden de búsqueda y aprehensión contra ellos. Aunque Sánchez de Lozada disfrutó de un breve respiro cuando se anuló temporalmente su declaración de rebeldía, la Corte Suprema finalmente ratificó esta decisión.

Gonzalo Sánchez de Lozada, reconocido con varios premios internacionales y doctor honoris causa por universidades de Estados Unidos y Japón, enfrenta múltiples acusaciones graves en Bolivia. Su situación legal lo ha llevado a un exilio prolongado en Estados Unidos, donde permanece sujeto a procesos judiciales en su país de origen.

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